El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca pedirá en el pleno de este lunes, 9 de junio, “una mejora urgente de la financiación comarcal. Todos los diputados, tanto del PSOE como del PP, sabemos de la importancia de las comarcas en el día a día de los pequeños municipios. Prestan una serie de servicios esenciales para el territorio, mantenerlos y ofrecer calidad en su prestación depende de una adecuada inversión por parte del Gobierno de Aragón”.
Daniel Gracia, diputado del PSOE en la DPH, considera que “en este asunto, deberíamos estar todos unidos, hablamos de servicios públicos que redundan directamente en la calidad de vida de toda la ciudadanía” y recuerda que “desde la creación de la primera comarca en el año 2000, han asumido con responsabilidad competencias en materia de servicios sociales, ayuda a domicilio, atención a la dependencia, desarrollo local, juventud, protección civil, medio ambiente o turismo. Además de otras que no les son propias pero que han delegado en ellas tanto algunos ayuntamientos como el propio Gobierno de Aragón”.
Es decir, “en estos 25 años han incrementado sus obligaciones, pero esto no se ha visto acompañado de una subida proporcional de la financiación que reciben por parte del Gobierno de Aragón”. Para el PSOE, “se hace necesario pues abordar, en el seno del Consejo de Cooperación Comarcal, un rediseño de los criterios que se utilizan para calcular las cuantías que se destinan a las comarcas, teniendo en cuenta indicadores como superficie, número de municipios, dispersión geográfica, grado de envejecimiento, dependencia, y volumen real de prestación de servicios”.
El PSOE plantea además que la revisión se haga “teniendo en cuenta las cargas reales de las comarcas, que dista mucho de la teoría. Por eso es necesario también establecer mecanismos automáticos de actualización anual, vinculados a la evolución del presupuesto global del Gobierno de Aragón”. Además, el Grupo Socialista plantea en su propuesta promover la firma de convenios plurianuales de financiación, que aporten estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica a las comarcas en el desarrollo de sus funciones y competencias, tanto las propias como las impropias.