Como alcaldesa y diputada provincial, quiero dejar constancia de una maniobra política que considero profundamente desleal hacia la institución y hacia los municipios que representamos. En el último pleno de presupuestos se utilizó una estrategia insólita y, a mi juicio, éticamente inaceptable: señalar uno a uno a los miembros de la oposición con proyectos de sus municipios, pretendiendo forzar la confrontación interna y construir fuera de este salón de plenos el relato de que ‘votábamos en contra de lo nuestro’.
En un presupuesto no se votan proyectos aislados, se votan proyectos empaquetados al gusto del equipo de gobierno. Se vota un presupuesto provincial, un modelo de reparto de recursos que tiene consecuencias directas sobre la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades de todos los pueblos, gobierne quien gobierne.
Los diputados provinciales no estamos aquí para hacer municipalismo de campanario, sino para defender un territorio, una comarca, un conjunto de municipios que merecen un trato justo, objetivo y transparente. Sin embargo, este equipo de gobierno, ha decidido practicar el municipalismo más burdo desde la propia Diputación: en la Comarca del Cinca Medio, el único ayuntamiento que recibirá fondos nominativos es justamente el del presidente. Una cantidad llamativa siendo conocedores todos que no viene dado por su interés “interesado” por sus vecinos, sino por compensar la pérdida de recursos de más de 1 millón de euros entre fondos europeos y planes de obras de la diputación, además de su falta de dedicación e interés en la gestión municipal. Mientras tanto, otros muchos pueblos, con necesidades similares o mayores, quedan relegados o dependen de convocatorias arbitrarias.
No se puede pedir a la oposición que avale un presupuesto que consolida un reparto desigual, opaco y condicionado por el color político de los ayuntamientos, y al mismo tiempo intentar hacernos aparecer como enemigos de nuestros propios pueblos. Esa forma de gobernar rompe la confianza, degrada la institución y convierte la Diputación en un instrumento al servicio de unos pocos, en lugar de ser la casa común de todos los municipios de la provincia, como lo había sido hasta su llegada.
Por todo ello, creo firmemente que en lo sucesivo debería cesar la utilización de los proyectos municipales como arma de presión política en todos los debates, especialmente en los presupuestarios; deberían consensuarse los criterios de concesión de ayudas y fondos nominativos para garantizar la justicia y la y equidad entre municipios; y debería este equipo de gobierno comprometerse a poner fin a un municipalismo clientelista.
La ciudadanía espera que actuemos con ética y responsabilidad. Y espera, sobre todo, que quienes tenemos la obligación de defender el interés común estemos a la altura. Porque el municipalismo no puede ser una herramienta de división: debe ser un puente para construir una provincia más equilibrada, más cohesionada y más digna para todos.
Ese es el mínimo ético que la institución se merece y que nuestros vecinos esperan de nosotros.