El PSOE Alto Aragón muestra su preocupación por la afección que los proyectos de instalación de renovables puedan tener, y de hecho están teniendo ya, sobre los territorios en los que están instalados, sus habitantes y, por tanto, poniendo en peligro el futuro de muchos pequeños municipios. Por ello, la última Comisión Ejecutiva Provincial aprobaba una resolución en la que, entre otros aspectos, pide la regulación de estos proyectos, siempre respetando la autonomía municipal, a través de una normativa autonómica que proporcione la seguridad jurídica de la que ahora carecen los ayuntamientos.
En el texto aprobado, la Federación Socialista Altoaragonesa reconoce la necesidad de desarrollar estas energías renovables, “básico para la transición energética que debe afrontar nuestra provincia. Pero a su vez, ese desarrollo debe armonizarse con la actividad agrícola y turística, principales actividades en muchos municipios del medio rural, sustento de su población y, por tanto, generador de desarrollo y futuro”.
Dos actividades que, añaden, “se están viendo amenazadas en algunas zonas por proyectos de instalación de energías renovables que precisan de una amplia superficie y que tienen una importante afección en el territorio donde se implantan, principalmente en el medio rural”.
El PSOE Alto Aragón pide el fomento de estas renovables “en las pocas zonas industriales del Alto Aragón, para tener una energía competitiva en el mercado global y ser garantía de estabilidad y futuro para los puestos de trabajo que hoy en día dependen de esta industria”. Recuerdan los socialistas que, a mediados del siglo pasado, se instalaron en Sabiñánigo y Monzón importantes industrias debido a que el coste energético era más barato en estos municipios, y añaden que “nuestra provincia, alejada de los grandes nudos de comunicación y puertos marítimos, debería ser un territorio atractivo para la instalación de industrias y tener costes energéticos más asequibles y baratos”.
La resolución rechaza la instalación de parques fotovoltaicos en las zonas de regadío con afección de inversión pública (embalses, canales, transformaciones…), considera imprescindible un informe vinculante del ayuntamiento afectado en los municipios considerados turísticos, primar la instalación de parques de renovables en las zonas industriales, y la reserva de un porcentaje importante de la energía producida para el territorio en el que se genera.